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El personal directivo público profesional tras el Real Decreto-ley 6/2023:

Un elemento clave en la concepción de una Administración moderna orientada a la planificación, evaluación y control de las políticas públicas, según el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo consiste en la regulación de la figura del personal directivo público profesional: actor clave llamado a impulsar y pilotar las actuaciones dirigidas a plasmar en la práctica las reformas aquí planteadas. Las medidas incluidas en este real decreto-ley pretenden garantizar la profesionalización y reforzar la idoneidad, capacidad y orientación a resultados de las personas que asumen los puestos directivos.

Debemos recordar que el EBEP de 2007 (y ahora el TREBEP) incluyó una nueva figura que denomina “Personal directivo profesional”. Esta figura es distinta a la de los órganos directivos (no es órgano, es personal directivo) y también es distinta de los funcionarios que ejercen funciones directivas (Secretarios, Interventores, Jefes de Servicio).

El art. 13 TREBEP señala que es personal directivo “el que desarrolla funciones directivas profesionales en las AAPP, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración”. Se trata de una definición, vaga, ambigua, redundante, que remite su concreción a las normas del Estado o de las CCAA. El primer párrafo del art. 13 dispone que el Gobierno y los órganos de gobierno de las CCAA (es decir, se podría regular por Reglamento), podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo, de acuerdo con los principios que se señala en el propio art. 13:

  • Se determinará por cada Administración (estatal o autonómica, no local).
  • Su designación se llevará a cabo por procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia y se atenderá a principios de mérito y capacidad (no necesariamente oposición).
  • Estará sujeto a evaluación de resultados.
  • La determinación de sus condiciones de trabajo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación.
  • Si es personal laboral será una relación laboral de alta dirección.

Las normas de desarrollo estatal se contienen en el RD-Ley 6/2023 (art. 123 a 127) y ya son muchas las CCAA que lo han regulado (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y, recientemente, Andalucía).

El personal directivo público profesional, según el artículo 123, se refiere a aquellos que desempeñan funciones directivas en la Administración del Estado, con autonomía y responsabilidad en la gestión y control de objetivos. Se busca la representación equilibrada de género en estos puestos.

La función directiva pública profesional, como establece el artículo 124, implica especial responsabilidad y competencia técnica. Las actuaciones clave incluyen establecer objetivos, planificar y coordinar la ejecución del trabajo, evaluar objetivos, gestionar recursos y dirigir unidades administrativas. Los principios de actuación incluyen objetividad, transparencia, eficacia, eficiencia y equidad de género.

En cuanto al régimen jurídico (artículo 125), la relación de empleo es mayormente de derecho administrativo, pero puede ser laboral en casos específicos. En la AGE, se establece un repertorio de puestos de personal directivo, con perfiles requeridos y gestión por el departamento ministerial competente. Además, se crea un directorio para la gestión del talento.

Los requisitos para la designación (artículo 126) incluyen ser funcionario de carrera, experiencia y antigüedad suficientes, y la formación requerida según el perfil del puesto.

El nombramiento y cese (artículo 127) se realiza por libre designación, con convocatorias que especifican requisitos y competencias. El nombramiento tiene una duración máxima de cinco años, renovable, y el cese puede ocurrir por diversas causas, como finalización del plazo, evaluación negativa, supresión del puesto, entre otras, con garantías establecidas para el personal funcionario de carrera.

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