Skip to main content

Convenios en la Administracióin Pública: requisitos, contenido y trámite

By marzo 12th, 2026Actualización normativa

El régimen jurídico del convenio administrativo ocupa un lugar central en el Derecho público español y, en el ámbito de las oposiciones, exige una comprensión precisa de su concepto, sus límites y su tramitación. La Ley 40/2015 configura el convenio como un instrumento de colaboración con efectos jurídicos propios, distinto del contrato y sometido a exigencias materiales, formales y económicas muy concretas. Desde una perspectiva de estudio, no basta con memorizar su definición: conviene identificar qué fines puede perseguir, qué clases existen, qué cláusulas debe contener necesariamente y qué controles de transparencia y fiscalización pueden resultar exigibles, especialmente en la Administración local.

Esta guía sistematiza el contenido esencial del Convenio Administrativo a partir de la normativa citada en el texto de referencia, con un enfoque útil para opositores y para quienes necesiten ordenar técnicamente la materia sin apartarse de los datos legales aportados.

Concepto, finalidad y marco normativo

De acuerdo con los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos suscritos por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, así como por las universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para la consecución de un fin común. La clave no reside solo en la existencia de una voluntad de colaboración, sino en la presencia de compromisos jurídicos concretos, susceptibles de exigencia. Además, la suscripción del convenio debe responder a una finalidad funcionalmente justificada: mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y respetar la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Este régimen no se interpreta de forma aislada. El bloque normativo citado se completa con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; los artículos 21, 22 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En la vertiente procedimental también se menciona el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la eventual información pública. Si el convenio se suscribe con la Administración General del Estado, la referencia aportada añade la aplicación de la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre.

  • Ley 40/2015: artículos 47 a 53, núcleo del régimen jurídico de los convenios.
  • Ley 9/2017: artículo 6, relevante para delimitar el convenio frente al contrato del sector público.
  • Ley 7/1985: artículos 21, 22 y 57, en relación con el ámbito local y la competencia orgánica.
  • Ley 19/2013: artículo 8.1.b), sobre publicidad activa de los convenios con repercusión económica o presupuestaria.
  • Ley 39/2015: artículo 83, para el eventual trámite de información pública.

Tipos de convenios y límites frente al contrato

La Ley 40/2015 distingue varias categorías de convenios. En primer lugar, los convenios interadministrativos, firmados entre dos o más Administraciones Públicas o entre organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones, pudiendo incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración, organismo o entidad para el ejercicio de competencias propias o delegadas. El propio texto legal excluye de este régimen los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios, que se regirán por sus respectivos Estatutos de Autonomía.

En segundo lugar, aparecen los convenios intraadministrativos, celebrados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.

En tercer lugar, los convenios entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado, categoría frecuente cuando existe un fin común de interés público compatible con la colaboración con entidades privadas. Por último, la Ley contempla convenios firmados con órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, siempre que no constituyan tratado internacional, acuerdo internacional administrativo ni acuerdo internacional no normativo, quedando sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.

Junto a esta tipología, conviene fijar con claridad los límites de la institución. No tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que contengan meras declaraciones de intención de contenido general o expresen una voluntad genérica de actuar con un objetivo común sin formalizar compromisos jurídicos concretos y exigibles. Tampoco puede utilizarse el convenio para canalizar prestaciones propias de los contratos. Este es uno de los puntos más importantes para el estudio: si el objeto del acuerdo encaja materialmente en una prestación contractual, su naturaleza jurídica y su régimen aplicable serán los previstos en la legislación de contratos del sector público, no los del convenio.

Contenido mínimo, vigencia y sostenibilidad financiera

El artículo 49 de la Ley 40/2015 establece un contenido mínimo obligatorio que debe figurar en todo convenio. No se trata de una relación accesoria, sino del núcleo estructural del instrumento. Deben identificarse los sujetos que lo suscriben y la capacidad jurídica con la que actúa cada parte; precisarse la competencia en la que se fundamenta la actuación administrativa; definirse el objeto del convenio y las actuaciones que corresponde realizar a cada sujeto, con indicación, en su caso, de la titularidad de los resultados obtenidos; concretarse las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada parte, su distribución temporal por anualidades y su imputación al presupuesto correspondiente; preverse las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento y, en su caso, los criterios para determinar una posible indemnización; articularse mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución; fijarse el régimen de modificación; y determinarse el plazo de vigencia.

  • Partes firmantes y capacidad: identificación exacta de quienes intervienen y del título habilitante con el que actúan.
  • Fundamento competencial: referencia a la competencia que legitima la actuación de la Administración, organismo, entidad o universidad pública.
  • Objeto y actuaciones: delimitación precisa del fin común y de las obligaciones materiales de cada parte.
  • Régimen económico: detalle de los compromisos financieros, las anualidades y la imputación presupuestaria.
  • Incumplimiento: previsión de consecuencias jurídicas y, en su caso, de criterios indemnizatorios.
  • Seguimiento y control: mecanismo destinado a resolver problemas de interpretación y cumplimiento.
  • Modificación: reglas para alterar válidamente el contenido del convenio.
  • Vigencia: duración determinada y régimen de prórroga o extinción.

Duración, prórroga y modificación

La vigencia del convenio debe ser siempre determinada. Con carácter general, no puede exceder de cuatro años, salvo que una norma prevea un plazo superior. Antes de que finalice el plazo inicialmente fijado, los firmantes pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o, en su caso, su extinción. En materia de modificación, rige prioritariamente lo que las partes hayan pactado en el propio texto. Si no existe regulación expresa, cualquier modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Compromisos financieros y sostenibilidad

Los convenios que incluyan compromisos financieros deben ser financieramente sostenibles. Quienes los suscriben han de tener capacidad para atender los compromisos asumidos durante toda la vigencia del instrumento, y las aportaciones económicas comprometidas por los firmantes no pueden superar los gastos derivados de la ejecución del propio convenio. Desde la perspectiva presupuestaria, este dato obliga a justificar con especial rigor el impacto económico del acuerdo y su encaje en el presupuesto correspondiente.

Control externo, transparencia y tramitación en el ámbito local

Remisión al Tribunal de Cuentas y publicidad activa

El artículo 53.1 de la Ley 40/2015 impone la obligación de remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según proceda, aquellos convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros. La obligación no se agota con la firma inicial: deben comunicarse también las modificaciones, las prórrogas o variaciones de plazo, la alteración de los importes de los compromisos económicos y la extinción de los convenios incluidos en ese umbral. En el ámbito del sector público local, la referencia aportada menciona además la Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada por Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016 y publicada por Resolución de 2 de diciembre de 2016, que concreta la información, la documentación, el procedimiento y el medio de remisión electrónica.

Paralelamente, opera la exigencia de transparencia. Conforme al artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, el Ayuntamiento debe hacer pública la relación de convenios suscritos que tengan repercusión económica o presupuestaria, con indicación de las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, las modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Esta obligación de publicidad activa debe diferenciarse de la publicación formal del texto del convenio: la primera resulta exigible en los términos legales indicados, mientras que la segunda responde a otra lógica y no siempre opera como requisito de eficacia.

Secuencia básica de tramitación

Desde una perspectiva práctica, la tramitación del convenio en el ámbito local parte de una memoria justificativa en la que deben analizarse la necesidad y la oportunidad del acuerdo, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y el resto de requisitos exigidos por la legislación aplicable. Además, puede sostenerse, por analogía con el artículo 50.2.a) de la Ley 40/2015 y en los términos reflejados en la documentación de referencia, la conveniencia de incorporar un informe del servicio jurídico. Ese informe deberá emitirse en un plazo máximo de siete días hábiles desde su solicitud; transcurrido ese plazo, la tramitación puede continuar, aunque en todo caso el informe debe emitirse e incorporarse al expediente antes del perfeccionamiento del convenio. No será necesario recabarlo cuando se utilice un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico competente.

Una vez redactada la memoria y negociado y suscrito el texto inicial, puede abrirse, en su caso, un trámite de información pública conforme al artículo 83 de la Ley 39/2015, por un período mínimo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con puesta a disposición del expediente en la sede electrónica. La propia referencia aportada precisa que este trámite no es preceptivo, aunque puede resultar aconsejable por razones de transparencia y, en particular, cuando el convenio pueda afectar a intereses generales. Si se presentan alegaciones, deberán ser certificadas por la Secretaría e informadas por los servicios técnicos municipales.

Tras la información pública, el órgano que hubiera negociado el convenio debe valorar las alegaciones y elaborar una propuesta de texto definitivo, que se trasladará a la otra parte para su aceptación, formulación de reparos o, en su caso, renuncia. La aprobación definitiva corresponderá al Pleno o, en su caso, a la Alcaldía, dependiendo de la titularidad competencial del órgano llamado a intervenir según la materia y el alcance del convenio. Finalmente, el convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes. En la configuración descrita para el ámbito local, la publicación no se presenta como requisito constitutivo general, sin perjuicio de que el texto definitivo pueda publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia cuando concurran razones de interés general y de que deban cumplirse, en todo caso, las obligaciones de transparencia antes indicadas.

Conclusión

El Convenio es un instrumento jurídico de colaboración sometido a un régimen preciso y exigente. Para su correcta comprensión en oposiciones conviene retener cuatro ideas esenciales: solo existe convenio cuando hay compromisos jurídicos concretos y exigibles; no puede emplearse para sustituir prestaciones propias de un contrato público; debe incorporar el contenido mínimo del artículo 49, incluyendo su régimen económico, de control y de vigencia; y su tramitación, especialmente en el ámbito local, exige una justificación suficiente, aprobación por el órgano competente y cumplimiento de las obligaciones de remisión y publicidad cuando procedan. Ese enfoque sistemático permite estudiar la institución con criterio jurídico y distinguirla con claridad de otras técnicas de colaboración administrativa.

¡Bienvenido/a a Intelia Oposiciones!
Encantados de conocerte.
👋

Regístrate para recibir en tu e-mail actualizaciones y contenido interesante y destacar así en tus exámenes de Administración Local.

¡No hacemos spam! Lee nuestra política de privacidad para obtener más información.