Conoce de un vistazo cuál es el régimen legal aplicable, sistema de recursos y jurisdicción competente en materia de contratos públicos.
La vigente normativa de contratación española, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, está completamente basada en el Derecho Comunitario y, en concreto, en la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Como no puede ser de otra manera, cada país de la UE tienen sus propias peculiaridades y organización administrativa y burocrática, por lo que el legislador comunitario tuvo que hacer un ejercicio de dotación de coherencia y homogeneidad a la diferente nomenclatura de las Administraciones Públicas de los diferentes países de la UE, creando los conceptos de:
- Administraciones Públicas,
- Poderes Adjudicadores (PANAP’s), y
- Resto de entidades del sector público.
La jurisprudencia y las directivas de la Unión Europea acuñaron estos tres términos con el fin de que los Estados miembros los incorporasen a su ordenamiento jurídico y detallasen, en función de sus peculiaridades, qué Administraciones integran cada una de estas tres grandes entidades.
Es en este punto donde entra en juego en España el artículo 3 de la LCSP (ámbito subjetivo), donde se detallan las diferentes Administraciones que integran estas tres grandes entidades a efectos, exclusivamente, de contratación pública.
Pero cada una de estas grandes entidades puede tener un régimen jurídico aplicable diferente en función de la fase del procedimiento en la que nos encontremos (preparación, adjudicación, efectos, modificación o extinción) y el tipo de contrato (solo en el caso de las entidades Administraciones Públicas, únicas que pueden celebrar contratos administrativos).
Descárgate gratis el siguiente cuadro donde de un vistazo sabrás cuál es la legislación aplicable, cómo puede ser impugnado un acto en materia de contratación susceptible de recurso y, en caso de llegar a los tribunales, cuál sería la jurisdicción competente para resolver.
