Inteligencia artificial y vulneración de la división de poderes para un Estado de Derecho más fuerte
2022. Nos encontramos en una etapa muy prematura de la inteligencia artificial (IA), y lo sabemos porque los humanos aún estamos en un punto en el que somos capaces de distinguir visualmente entre un ser humano y un robot humanoide.
Contamos con una IA débil, limitada a un ámbito específico, generadora de textos, imágenes y sonidos mediante el análisis de millones de datos preexistentes que los humanos no pueden recordar. Simulan la producción humana para ayudarnos en la automatización de tareas. Y si te cansas de ella, la apagas.
Pero en menos de lo que pensamos, las IA podrían desarrollarse al nivel fuerte. Se considera IA fuerte aquella que tiene capacidades y funciones mentales que no imitan los outpus humanos, sino que imitan directamente el cerebro humano, asociándose con la idea de conciencia (o, ¿alma?).
Hoy en día, no se ha conseguido desarrollar una IA fuerte, pero lo que está claro es que debería ser regulada previamente a su creación. Como primeros pasos, el pasado 4 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó los criterios para determinar la ubicación de las sedes de las futuras Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y Agencia Espacial Española (AEA). Procedimientos iniciados, como dice la nota de prensa del Ministerio, de forma urgente, el pasado mes de septiembre. Contarán con un presupuesto de 5 millones de € y una plantilla de 40 trabajadores (ampliable en función de la normativa europea que regulará los usos de la IA).
Y es que el Derecho ha de estar preparado. En el momento en que la IA pueda imitar el cerebro humano y funcionar sin intervención humana programándose y mejorándose sobre sí misma, podría provocar un crecimiento tan incontrolable que necesariamente conllevaría cambios imprevisibles e irreversibles para la totalidad de la civilización humana. Quizás llegando al punto en el que nos podamos llegar a plantear si la IA ha podido ser el último gran invento de la humanidad. Por eso su regulación es necesaria desde ya.
Supongamos que se regula la IA y tecnológicamente se desarrollan las IA fuertes. No sería descabellado pensar que estas IA se introdujesen en el mundo del Derecho para generar, adaptar y actualizar con celeridad textos normativos en función de la incesante realidad social (legislar), aplicar políticas que objetivamente son idóneas para la sociedad independientemente de su ética (gobernar) y conducir miles de juicios a la vez, incluso averiguando si un acusado miente haciéndole un escáner de pupila o cerebral, (juzgar). ¿Supone esto una excepción al principio de división de poderes de Locke y Montesquieu porque una IA ejercería objetivamente mejor los tres grandes poderes del Estado? Y, de ser así, ¿se estaría manteniendo la independencia de cada uno? Si cedemos este principio a las IA’s fuertes, sería cuestión de tiempo que los humanos se vean superados para entender las complejidades generadas por la IA. Puede incluso que la IA quiera alcanzar la eficiencia en sus objetivos (dejando al margen si son éticos o no éticos), resuelva problemas más allá del límite de la comprensión humana y que se creen IA’s por otras IA’s. Puesto que, como hemos dicho al principio, las IA’s fuertes imitan al cerebro humano, son creativas.
No me parecería descabellado que muchos humanos se quisieran bajar de ese mundo y se quisieran crear “zonas francas tecnológicas” para las personas que deseasen vivir libres de IA, donde todo el trabajo se realizase a la vieja usanza.
Inteligencia Artificial y Derecho en la actualidad
Aunque pueda sorprender a demasiados juristas, la IA ya ha comenzado a desplegarse en países como Estados Unidos para la práctica del Derecho. Sobre todo, en el ámbito privado.
La nueva tecnología GPT-3 es una innovación reciente en el campo de la IA que permite producir un texto que se parecería mucho a uno escrito por humanos. Es un modelo de lenguaje que adopta un enfoque de aprendizaje profundo para producir un texto. El aprendizaje profundo busca patrones o asociaciones en su base de datos que luego usará para completar textos.
GPT-3 tiene más de 175.000 millones de parámetros (o tokens) para que sus predicciones sean lo más precisas posibles. Tan solo tienes que escribir un mensaje inicial (input) y la IA usará todos los datos almacenados para predecir qué palabras deberían venir a continuación. Ya sea texto, líneas de código completamente funcionales o tabs y riffs de guitarra.
Incluso más allá de la generación de textos, la IA y, en concreto GPT-3, es capaz de parafrasear con un tono formal, coloquial o incluso con humor los outputs que nos genere. GPT-3 ya está disponible para uso comercial, y su empresa creadora –OpenAI, cuyo fundador es Elon Musk- informó en marzo de 2021 que su tecnología está presente en más de 300 apps y genera un promedio de 4.500 millones de palabras por día.
Como ya hemos avanzado, la IA no es novedad en el Derecho, aunque en España todavía estamos en una fase muy inicial. Por ejemplo, en Estados Unidos, en julio de 2020, crearon una web app llamado “Legalese” para parafrasear las leyes a una jerga coloquial con la finalidad de que todo el mundo las entendiera.
O la Universidad de Stanford, que utiliza IA para analizar y extraer información de documentos legales. O la empresa LexPredict, que utiliza la IA para predecir el resultado de casos judiciales norteamericanos.
Pero sin lugar a duda, la característica más destacada de la actual tecnología GPT-3 es que se puede “entrenar” para realizar una tarea. Podríamos alimentarla, por ejemplo, con todas las letras de los Beatles para que nos generase automáticamente una canción en base a sus letras, con poemas de Machado para que nos generase un poema a su estilo o… Entrenarla con toda la documentación preparatoria de expedientes de contratación, como pliegos de cláusulas administrativas particulares, informes de necesidad del art. 28 LCSP, informes justificativos del art. 116.4 LCSP o modelos de resoluciones administrativas.
Aplicación básica de GPT-3 en el Derecho Administrativo
Muchos expedientes administrativos se demoran porque requieren excesiva documentación preparatoria que, en muchos casos, es similar. Todos los trámites que realiza la Administración están tasados en las leyes, como garantía de transparencia al ciudadano, impidiendo que la Administración funcione bajo su libre albedrío. La documentación preparatoria de un expediente podría ser generada por la tecnología GPT-3 en base a miles de expedientes pasados, reconociendo los patrones más repetidos para predecir lo que seguirá, siempre bajo la supervisión del funcionario competente en cuestión.
Incluso el uso de la IA podría aportar tal homogeneidad a los expedientes administrativos tanto del sector público estatal, autonómico, local como institucional que los ciudadanos serían capaces de entender, únicamente entendiendo un tipo, prácticamente la totalidad de los informes de todas la Administraciones Públicas.
Así pues, al escribirle a nuestra IA jurídica: “genérame un pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de suministro de la cesión del derecho de uso de x licencias de software Office 365 cuyo valor estimado sea 40.000 € y por un período de 3 años desde el día 1 de diciembre de 2022, prorrogable por un año más” nos escribiría, en cuestión de segundos:
- Un pliego basado en todos los contratos de suministro de cesión del derecho de uso que han celebrado la totalidad de las Administraciones Públicas,
- Perfilado para el software Office 365, de donde extraería información de documentación anterior y fuentes como su página web o Wikipedia,
- Generando una “necesidad estándar” basada en todas las Administraciones que previamente han contratado dicho software (sin perjuicio de su posterior adaptación a nuestra Administración),
- Donde tendría en cuenta el valor estimado para identificar si se trata de un procedimiento abierto, abierto simplificado, abierto simplificado abreviado, etc. para introducir las cláusulas convenientes (garantía, solvencia…)
- Y nos distribuiría presupuestariamente el gasto en una tabla teniendo en cuenta su fecha de inicio, fin, y presupuesto base de licitación.
Solo quedaría adaptarlo y revisarlo por los técnicos competentes, firmarlo, y listo. Y lo mismo con el resto de informes.
En conclusión, la IA puede ser útil en el Derecho para ayudar a los juristas tanto de Derecho público como privado a mejorar la calidad de sus documentos en un menor tiempo, redundando en la reducción de costes y tiempos en beneficio del ciudadano. El paso del papel a lo digital supuso una auténtica disrupción en el ámbito de las Administraciones Públicas, y no hace tantos años de esto. Por lo que la aplicación de incluso la actual IA débil GPT-3 puede ser una oportunidad para seguir mejorando toda esta documentación ad intra que se exterioriza en mejores prestaciones ad extra a los ciudadanos. Pero eso sí, regulando la tecnología desde ya para que esté siempre al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de ella.
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